El Tribunal Supremo (TS) ha avalado que los operadores de televisión y telecomunicaciones aporten el 0,9 % de sus ingresos brutos a RTVE para compensar la pérdida económica que supuso a la corporación la supresión de la publicidad.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Alto Tribunal rechaza así los recursos interpuestos por la Asociación Española de Operadores de Telecomunicaciones (Redtel), DTS, Telefónica, Cable Europa, SAU y Tenaria contra el real decreto que desarrolló la ley de financiación del ente público aprobado en 2010.

Según los magistrados, dicha aportación no vulnera el principio de capacidad económica y de igualdad en materia tributaria reconocido en la Constitución. Y añaden que el sistema establecido tiene en cuenta los ingresos de los sujetos pasivos y, especialmente, los que podrán percibir por la supresión de la publicidad y por la renuncia a contenidos de pago de la RTVE.

La normativa de 2010 impone una tasa a los operadores de comunicaciones del 0,9 % de sus ingresos brutos para compensar la pérdida económica derivada de la retirada de la publicidad, que según el Supremo "no puede ser calificada como irracional o desproporcionada" y se encuentra "en sintonía con otros países de nuestro entorno".

Ya en 2013, el Tribunal Superior de Justicia de la UE archivó el recurso de la Comisión Europea contra la financiación de RTVE a raíz de que ya hubiera considerado legal la tasa impuesta en Francia a las telecos para financiar su televisión pública.

El Supremo explica que la aportación no tiene naturaleza tributaria de tasa, sino de impuesto, y que no recae sobre todos los operadores inscritos en el Registro de la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones, ya que excluye a aquellos cuyo ámbito geográfico de actuación no supere una comunidad autónoma.

La sentencia incluye un voto particular discrepante de tres magistrados que opinan que se debería haber planteado una cuestión de inconstitucionalidad por considerar que la normativa podría ser contraria al principio de capacidad económica reconocido en la Carta Magna.